Ya está, se terminó la democracia. Un contrato social cuya aplicación fue muchas veces formal pero que sirvió en los últimos años, entre otras cosas, para juzgar a los genocidas y para avanzar en la ampliación de derechos de las mayorías y de las minorías tradicionalmente perseguidas.
Bastó con una resolución de un ministerio. Ni siquiera fue un decreto refrendado por los demás ministros como el decreto de 1975 de aniquilación de los grupos guerrilleros que le abrió las puertas al terrorismo de estado.
La decisión faculta a las fuerzas de seguridad a actuar sin permiso de un juez y eventualmente desobedecer una orden si considera que no es legal. Tal como en la película de Charles Bronson, "El vengador anónimo", las fuerzas represivas, a partir de hoy, son juez, jurado y verdugo
En este sentido el presidente Macri sostuvo, en una reunión de gabinete, que los prefectos no deberían haber intentado llamar para pedir permiso antes de abrir fuego con balas de plomo: deberían haberlo hecho sin consultar. “Hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”, aseguró el Presidente, quien reclamó: “Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse.”
No se trata entonces solo de medidas instrumentales para preparar la futura represión eventualmente necesaria para respaldar el plan de ajuste, se trata de una reforma cultura, de un cambio en las relaciones sociales
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